(Diario El País de Uruguay - 24/11/08)
JUAN JOSÉ BARRIOS | COLUMNISTA INVITADO
Durante las últimas semanas el debate sobre distintos aspectos de la educación superior ha estado en el ojo de la tormenta. Relevantes actores como el Rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arocena, el Rector de la Universidad ORT, Jorge Grunberg, Ministros de Estado y otros actores, han emitido opiniones muchas veces encontradas acerca de esta Institución de tanta relevancia social. En particular, se ha puesto énfasis en aspectos tales como la gratuidad de la enseñanza superior y la solidaridad generacional que debería existir en lo que tiene que ver con su financiamiento. Un poco de reflexión sobre temas tan importantes es de orden.
GRATUIDAD. Este es uno de los asuntos que siempre está presente en las discusiones acerca de la enseñanza superior. Creo esencial especificar un poco más los términos de referencia. Me pregunto: ¿es bueno seguir discutiendo la enseñanza universitaria en términos de "gratuidad" en contraposición al "pago de matrícula"?
Todos sabemos que la enseñanza no es gratis. El presupuesto asignado a la enseñanza pública en su conjunto se ubica en el orden del 4,5% del Producto Interno Bruto. Monedas más o menos, algo así como 1.000 millones de dólares, o el equivalente a US$ 333 dólares anuales que debemos aportar cada uno de los uruguayos. Una parte de esos 333 dólares anuales cubre el presupuesto universitario. Lo pagamos los estudiantes, los profesores, los egresados y todos aquéllos que ni siquiera pensaron algún día pasar por alguna facultad. Si discutimos sobre la base de la idea de que la enseñanza es gratis, tendemos a ignorar la realidad y por lo tanto podemos tomar decisiones que no la contemplen. En otras palabras, lo primero que debemos eliminar de estas discusiones es la palabra gratis y reemplazarla por preguntas a mi juicio, más relevantes como por ejemplo, ¿cómo repartimos entre los uruguayos la inversión en educación?
Por lo tanto, un debate más sincero y útil sería el discutir quién paga los costos de nuestra máxima casa de estudios. El párrafo anterior muestra claramente que el sistema actual hace que todos los uruguayos seamos los que, a través de impuestos, sustentemos la enseñanza pública del Uruguay de hoy. Esta manera de sostenerla ha creado incentivos que perjudican la calidad de la misma. ¿Por qué? Pues porque los que pagamos por ella no tenemos la capacidad real de hacer sentir nuestras opiniones.
Todos los ciudadanos hacen posible que la Universidad exista pero tienen escasa o nula participación en la toma de decisiones. El conjunto de actores que gobierna esta casa de estudios constituye una parte minoritaria de los que pagan por sus servicios y claramente sus intereses no tienen porqué coincidir con la de la totalidad de los ciudadanía.
¿Es deseable la situación anterior? La decisión de que la matrícula universitaria sea pagada por el conjunto de la sociedad o por una parte de ella es muy importante. Creo que el debate se ha alejado de criterios técnicos y se ha centrado en posiciones ideológicas y de poder y sobre la base de la creencia en la gratuidad de la educación. Todos estos factores han oscurecido la saludable discusión y nos ha alejado de posiciones de consenso.
SOLIDARIDAD. En estas circunstancias se han esbozado algunas tesis que confirman mis afirmaciones anteriores. Se argumenta que se puede considerar un aporte privado (es decir, identificable) al presupuesto universitario pero que éste debe recaer en los egresados universitarios, en parte como un gesto de solidaridad hacia los servicios recibidos durante los años de estudio. Otros argumentos que se mencionan para no cobrar matrícula a los estudiantes actuales son: a) la mayoría de ellos necesita trabajar por lo que cobrarles matrícula sería injusto, b) el 21% de los estudiantes está desempleado, c) existen dificultades importantes para identificar quién debería pagar, como por ejemplo: ¿deberían hacerlo los hijos menores?, ¿deberían hacerlo los padres?, cuando un hijo no trabaja, ¿quien paga? Todos estos motivos harían imposible cobrar a los estudiantes/padres actuales. Además, si se procede en esa dirección inevitablemente la matrícula universitaria caerá lo que resultaría catastrófico para los intereses del Uruguay que lo alejaría de países como Irlanda y Nueva Zelandia que tienen una matrícula muy superior a la uruguaya.
Esta última afirmación sorprende. En primer lugar, tanto en Irlanda como en Nueva Zelandia la educación superior no es gratuita en el sentido que le damos los uruguayos.
En Irlanda el gobierno subsidia a aquellos estudiantes que cumplan determinados requisitos académicos pero de todas maneras deben pagar una matrícula que ronda en los 800 euros en casi todos los cursos, monto que cubre los costos de los servicios que el estudiante recibe de la Universidad, excepto la educación. La "Free Fees Initiative" identifica requisitos para acceder a una beca completa, lo cual implica que quienes no cumplan dichos requisitos, deban pagar sus estudios de alguna otra forma.
En segundo lugar, implícitamente se supone que si los egresados pagan los gastos universitarios de los estudiantes actuales, ello no repercutirá en la decisión del futuro egresado acerca de seguir o no estudios universitarios. ¿Es posible pensar que un individuo de 18 años se sienta incentivado a estudiar si se le anuncia que sus ingresos futuros estarán gravados por un impuesto solidario para financiar los estudios de personas posiblemente desconocidas? Esta posición seguramente creará incentivos para enrolarse en "las ocho horas" en lugar de invertir en una actividad a la cual le han reducido su rentabilidad.
Por otra parte, ¿cuál es la probabilidad de que padres paguen el estudio de sus hijos comparada con la probabilidad de que esos mismos padres paguen los estudios de los hijos de otros padres? La idea de gravar con impuestos a los egresados no solamente reconoce que la Universidad no es gratis sino que en su intento de conciliar los intereses actuales de los co-gobernadores, busca encontrar recursos en aquéllos que no están organizados para protestar: los futuros estudiantes/egresados. Todo (y nada más que) un juego de poder, parece ser.
DIFICULTADES PRÁCTICAS. Los argumentos acerca de las dificultades prácticas mencionadas antes también resultan de difícil comprensión. Se dice que el 76% de los estudiantes universitarios necesita trabajar: ¿cómo se mide dicha necesidad? ¿cuál es la composición de dicho 76%? Es sabido que los estudiantes universitarios superan largamente los seis años para completar sus carreras: una persona de 26/27 años seguramente todavía no se haya recibido (especialmente si consideramos carreras como Medicina y Química). Muy posiblemente muchos estudiantes sean casados por lo que la necesidad de trabajar es obvia y está más allá de su situación económica. Lo mismo puede decirse del 21% de desocupados: ¡es normal que un estudiante de 18 años esté desocupado! Estos argumentos son por lo menos, no transparentes, y promueven más preguntas que respuestas.
Finalmente, se sostiene que cobrarles a los egresados es más fácil porque están perfectamente identificados en el nuevo sistema tributario nacional. Este argumento es sencillamente incomprensible: ¿no lo están acaso también los actuales estudiantes y sus padres?, ¿no se sabe si tienen ingresos suficientes como para financiar los estudios universitarios? La valiosa información que surge de nuestro actual sistema impositivo justamente posibilita una discriminación tributaria sobre aquellas personas que desean acceder a la Universidad pero no tendrían fondos suficientes como para poder hacerlo.
En resumen, un debate más honesto debería plantearse en torno a los beneficios y perjuicios de un sistema de financiamiento público y un financiamiento de otro tipo. Mientras la discusión siga evolucionando solamente alrededor de las cuotas de poder dentro de la enseñanza y las miras no se ubiquen seriamente en todos los uruguayos, importantes y muy respetables actores simplemente estarán a la deriva en sus notorios esfuerzos para mejorar la calidad de nuestra enseñanza. La enseñanza no es gratis y la matrícula ya se cobra: racionalicemos a quien se la cobramos y creemos mecanismos eficientes y eficaces de control e información social. Recién entonces estaremos construyendo sólidos cimientos en materia educativa.
