MEC INHABILITARÁ EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PUNTA DEL ESTEEl Ministerio de Educación y Cultura retirará la autorización para funcionar al Universitario Punta del Este, según se publica hoy en un medio de prensa. El anuncio causó malestar en el instituto que “consideró que aún no corrieron los plazos legales”.
La Ministra de Educación y Cultura, María Simon, reconoció ayer durante la sesión del Consejo de Ministros celebrado en la estancia de Anchorena -Colonia- la buena calidad de las carreras dictadas por las instituciones privadas, pero anunció que “revocará la autorización de funcionamiento al Instituto Universitario de Punta del Este”.
A su entender, la institución no cuenta con las garantías y la calidad educativa necesaria. En este sentido, manifestó: “la sociedad siente que se le saca algo…, pero en realidad no le están dando lo que le dicen; y si bien el Estado no tiene que monopolizar, debe garantizar el nivel de la educación superior”.
El Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria -organismo que asesora al Ministerio de Educación en el contralor del sistema terciario privado- aconsejó a dicha Cartera que retirara la autorización al Instituto Universitario de Punta del Este (Iupe) que funciona desde 1997 como Asociación Universitaria Maldonado, Punta del Este, y fue reconocida por el MEC el 12 de octubre de 2000.
El dictamen del Consejo se basó en la detección de varias irregularidades. Luis Garibaldi, Director Nacional de Educación, explicó que las irregularidades son varias. “A pesar de no autorizarse la apertura de una nueva sede en Melo, la mantuvieron abierta. Además, adujeron a nivel internacional que constituían una universidad y es un instituto universitario. Por otra parte, cuando debían presentar actualización de la información en 2008 -porque el MEC evalúa la autorización a lo largo del tiempo- y no la completaron careciendo de un plan de desarrollo y de la información financiera”.
Garibaldi recordó que tampoco presentaron los informes evaluadores de las sedes de Treinta y Tres, Durazno y Rivera, que fueron abiertas sin autorización.
Asimismo, el IUPE recibió una sanción económica -que no llegó a abonar- por irregularidades administrativas vinculadas al otorgamiento de un título. Estas deficiencias se dieron tanto en las actas como en las firmas, ya que los documentos fueron firmados por un solo funcionario y las calificaciones presentan enmiendas. El MEC tomó conocimiento por la denuncia de un particular. Dicha Cartera dio paso a la Justicia pero el denunciado no se presentó y se archivó el caso, que nuevamente fue abierto por el denunciante.
A partir del dictamen del Consejo Consultivo y de la notificación al IUPE cursada el pasado 17 de diciembre, se abrió un plazo legal de 10 días para que el Instituto realice su defensa, el cual vencerá el próximo 12 de enero, porque solicitaron una prórroga de cinco días hábiles.
Garibaldi expresó que el MEC considerará la recomendación que efectuó el Consejo dado que hoy no se mantienen las condiciones que había en 2000 cuando se concedió la autorización, razón por la cual de acuerdo al artículo 7 del decreto 308 se prevé la revocación de la autorización. “Aguardaremos la vista que presentará la institución, luego el Consejo se volverá a pronunciar y recién el MEC emitirá una opinión sobre el asunto para que el presidente de la República se expida”.
Por su parte, Adolfo Gutiérrez, Director General y Fundador de IUPE, manifestó que el anuncio de la Ministra Simon “nos ha dejado perplejos porque es muy preocupante que la Ministra ya tenga la solución adoptada, al menos personalmente, cuando no hemos podido realizar la defensa, esto es una violación flagrante del debido proceso administrativo”.
Añádió que de los dichos de la Ministra “se desprende que darnos vista ha sido simplemente con ánimo de cumplir con lo estrictamente formal, pero argumentemos lo que argumentemos, la señora ministra ya tiene posición adoptada al respecto. Lo que implica un claro prejuzgamiento y una situación de indefensión no solo de nuestra institución sino de todos aquellos que la integran”. Asimismo, Gutiérrez aseguró que van a utilizar todos los recursos jurídicos, “porque consideramos que este dictamen adolece de error, creemos que los señores consejeros no han sido debidamente informados de todas las circunstancias. Confiamos en que ese dictamen va a ser revisado. Nuestra institución es sólida, con un equipo de docentes muy profesional y consolidado”.
“Esto produce un gran daño a la institución y a sus integrantes, y se maneja con una falta de seriedad y despreocupación de las consecuencias”, puntualizó.
Si bien los estudiantes aún no estaban al tanto de la situación que atraviesa el IUPE se mostraron molestos con los anuncios de la Ministra Simon y rechazan la solución, según expresó Marcos Motta, delegado estudiantes al Consejo de la Facultad de Derecho, de la sede de Durazno.
Motta opinó que de concretarse el anuncio “sería lamentable porque el IUPE apostó a la descentralización universitaria, que a diferencia de la Universidad de la República no lo ha logrado en esta región, y eso permitió atender nuestras necesidades”.
Su existencia “nos permite quedarnos en donde vivimos por el arraigo a la familia y también mantener nuestro trabajo”. Motta aseguró que el tema será tratado entre los estudiantes de distintas sedes y el Claustro.
Garibaldi, por su parte, señaló que se hará un reconocimiento a los estudiantes de las sedes autorizadas, luego se evaluará la situación de las sedes no autorizadas: Rivera, Melo y Durazno. Las reválidas dependerán de los criterios de cada institución.
De concretarse el cierre del Instituto Universitario Punta del Este sería el primero de una institución de educación superior de nivel terciario.
Delegados de la Universidad de la República realizaron declaraciones en el Consejo Directivo Central de dicha casa, el martes 13 de octubre, en la que reclamaron una voluntad política “más clara” para enfrentar los problemas en la regulación del sector terciario privado y salió a luz la práctica de venta de títulos, plagios, reglamentos liberticidas y oscuridad financiera en dichas instituciones. El hecho fue recogido por el semanario Búsqueda y ante este tipo de declaraciones el Instituto Universitario Punta del Este (IUPE) salió al cruce a aclarar que en su institución: “No vendemos títulos. Es un agravio y una falsedad total”, dijo en ese entonces el director general de la entidad.
No obstante, dicho instituto afronta una denuncia penal, presentada a comienzos de 2007 en el Juzgado Penal de 2° Turno de Maldonado N° 287-141/07 por el propio MEC a partir de una denuncia presentada por un particular en 2005 contra un escribano de iniciales E.L.S. a quien lo acusó de que “había comprado el título” en el IUPE. El denunciado declaró ante la Justicia que “existía una mala relación entre ellos, y el acusador tenía una deuda con él y con su padre”. Para Gutiérrez, por “conflictos personales se termina perjudicando a una institución y a sus alumnos, dejaremos actuar a la Justicia”.
La institución en el 2008 tenía 1.017 estudiantes y 104 docentes.
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